A raíz del decreto de necesidad de urgencia que dio a conocer el presidente Alberto Fernández ayer, desde el Ministerio Público fiscal de Mar del Plata aseguraron que harán cumplir con las disposiciones "con el rigor legal que impone la pandemia".
Las personas que se nieguen a ponerse en cuarentena ante posibles casos de Coronavirus podrían ser condenadas hasta con 2 años de prisión.
El jueves, el presidente Alberto Fernández dio a conocer el decreto de necesidad de urgencia en el que declaró la emergencia sanitaria en todo al país ante el avance del virus Covid-19. En el DNU, el presidente aseguró que las personas que se negaran a ponerse en cuarentena serían penadas por la ley penal.
El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello explicó que quien violara la obligatoriedad de la cuarentena infringirá los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, que prevén penas de hasta dos años de prisón.
El artículo 205 hace referencia a toda persona que viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, en este caso particular el Coronavirus. En este artículo se prevé una pena en expectativa que va desde los seis meses de prisión a los dos años.
Por su parte, el artículo 239 del Código Penal “reprime” con prisión de quince días a un año a toda persona que resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le preste asistencia a requerimiento de aquel, o en virtud de una obligación legal.
El fiscal general Fernández Garello explicó que se “preocurará hacer cumplir las disposiciones del DNU 260/2020 con el rigor legal que impone la pandemia de referencia con todas las herramientas procesales a su alcance”.
De esta manera, este viernes se realizó una reunión entre Fernádez Garello, el jefe de la Policía Departamental, comisario Mariano Laure, y autoridades sanitarias, provinciales y municipales, con el objetivo de coordinar en lo inmediato el protocolo de actuación para enfrentar la emergencia.
Según informó el fiscal general, en la misma reunión también se coordinó con empresas vinculadas al transporte y alojamiento de personas que revisten las condiciones de casos sospechosos o sus allegados, a los fines de desarrollar conductas de intervención proactivas por parte de los distintos niveles de gobierno del Estado.